martes, 12 de febrero de 2019

Trabajo abre expediente a Servicarne para descalificarla como cooperativa

La Dirección General del Trabajo Autónomo comenzó un expediente de descalificación contra Servicarne como cooperativa luego de que la autoridad laboral considerara que utilizó «falsos autónomos».

De esta forma lo reafirmaron ayer a Efeagro fuentes del Ministerio de Trabajo, que explicaron que en este momento se abre un período de tres meses para las alegaciones.

El trámite legal en esta situación arrancó con la Inspección de Trabajo, que levantó un acta donde dictaminó que Servicarne trataba como autónomos a personas que de todos modos poseían relaciones laborales con las compañias asociadas a la cooperativa.

CCOO ha valorado este suceso y mostró su seguridad de que Servicarne «dejará de ser una cooperativa».

En el archivo, al que tuvo ingreso el sindicato, se afirma que el desempeño de Servicarne «no se ajusta a las demandas del derecho cooperativo y que sólo responde a las pretenciones de las compañias clientes».

Para este sindicato, la apertura del expediente es un «paso considerable para terminar con el fraude» que «todavía prolifera» en la industria cárnica.

Hace poco los cerca de 400 trabajadores de Servicarne, que prestan sus servicios en la compañía Embutidos Rodríguez, en Soto de la Vega, iniciaron una huelga, que fue desconvocada tras el primer día de protesta al comunicar la compañía el comienzo de negociaciones para su regularización, que poseía como propósito denunciar las condiciones en las que trabajaban.

Estos trabajadores perciben entre un 19 y un 36% menos que el sueldo de un trabajador del área adscrito al convenio nacional. Como media, su sueldo es de 1.200 euros por mes, a los que existen que descontar la cuota de autónomos, 50 euros que abonan a la cooperativa y un seguro médico privado. Además, no tienen derecho a vacaciones pagadas y sus jornadas son interminables.

CCOO cree que, «gracias a la operación contra el estafa que puso en marcha hace dos años», el sindicato logró que sean dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Popular «el 40 % de los trabajadores que estaban empleados bajo la figura del falso autónomo, cerca de 7.500 personas», la «mayoría» asociados a Servicarne.

El sindicato indicó, sin embargo, que todavía quedan cerca de 10.000 personas por regularizar

El Ayuntamiento echa a una letrada seis meses ausente de su trabajo



El Ayuntamiento de Telde termina de despedir a una trabajadora municipal que estuvo ausente seis meses de su puesto de trabajo, según anunció este lunes el edil de Elementos Humanos, Agustín Arencibia. Es abogada y formaba parte de la plantilla municipal desde el mandato 2003-2007. Tras una extendida baja laboral, poseía que haberse reincorporado a su puesto de trabajo el 21 de julio de 2018, pero no nació más. El concejal firmó el decreto de su despido el viernes 8 de febrero. ¿El fundamento? «Falta muy grave de abandono del servicio». Y se le insta al reintegro de las nóminas que percibió de más, que fueron dos. Entretanto, entre uno y otro tiempo esta trabajadora opositó a numerosas plazas que se convocaron en otras gestiones públicas de las islas. Consta en los listados de por lo menos dos convocatorias oficiales.

Enseña Arencibia que el despido fué disciplinario, algo increíble, por otro lado, en la gestión local de Telde. Sin indagar demasiado, algunas fuentes apuntaban este lunes que en la crónica de la democracia en el consistorio solo hubo otros dos casos por causa disciplinaria, y los dos dañaron, de hecho, a policías locales.

Esta letrada formaba parte de la plantilla como personal laboral indefinido no fijo. Según comunica Arencibia, tras una baja muy prolongada, a finales de mayo de 2018 muestra el alta, pero solicita cumplir las vacaciones, asuntos propios y otros que poseía atentos. Sumándolos todos tendría que haber vuelto a su despacho en el Ayuntamiento el 21 de julio de 2018. Pero no lo logró. Ni al día siguiente. Ni en agosto. Ni en septiembre.

En octubre el departamento de Personal intenta entrar en contacto con ella de múltiples formas, todas infructuosas. Se le llama en reiteradas oportunidades, se le remiten emails y hasta se envía a policías locales a su domicilio. Nada de eso sirvió. De esta forma las cosas, Elementos Humanos opta a finales de octubre por suspenderle el abono de la nómina e inicia la tramitación de un expediente disciplinario.

Solamente unos días luego, además en octubre, contribuye un reporte médico especial para justificar su sepa, pero no paraliza el expediente abierto ya que ni lo emite un profesional del Servicio Canario de Salud ni es un parte de baja. Y ya en enero pasado esta trabajadora eligió por pedir su baja facultativa al tiempo que ingresó en una cuenta municipal ámbas nóminas que cobró sin haber acudido a su puesto de trabajo, que fueron las de agosto y septiembre.

Intentó llegar a un convenio con el Ayuntamiento y evadir el despido disciplinario, pero Arencibia, que se hace eco del parecer de los jurídicos de su departamento, subraya que con el expediente abierto no puede acogerse a una baja facultativa.

Uriarte invita a la concertada a proceder a la mediación de Trabajo


Donostia- Las reacciones a la convocatoria de otros diez días de huelga en los colegios concertados fueron ayer cayendo en cadena, sin que ello supusiera avance alguno en la negociación. Ayer habló la consejera de Educación, Cristina Uriarte, la patronal Kristau Eskola y también la ministra de Educación, Isabel Celaá, que mantuvo un corto acercamiento por la mañana con la gerente de las familias de FECAPP, que reúne a los colegios religiosos damnificados por el conflicto, Myriam González, a la que le movió todo su acompañamiento.

Así como dijera antes de la convocatoria de huelga de ocho días consecutivos, la consejera Uriarte insistió ayer que el nuevo pulso lanzado por los sindicatos es “desproporcionado”. Tras reiterar que su Departamento transporta extenso tiempo comentando “discretamente” con todas las partes del conflicto, invitó a sindicatos y patronal a que se dirijan al Departamento de Trabajo en busca de la intermediación que están pidiendo puesto que el de la concertada es un conflicto “laboral”, recalcó. La pregunta que cabe hacerse es por qué no lo hacen, dejó caer la consejera. En este sentido, Uriarte dijo que “una intermediación en un conflicto laboral corresponde al Departamento de Trabajo”. De acuerdo con la titular vasca de Educación, Trabajo tiene las utilidades correctas para arbitrar en un conflicto que está más que enquistado. “Que lo reclamen los sindicatos y la patronal, que se utilicen los medios que tienen para soliciar esa intermediación”, agregó.

Uriarte ha dicho no sentirse interpelada luego de que un achicado número de AMPA haya solicitado su dimisión por lo cual piensan una dejación de compromiso frente su negativa a ejercer un papel de árbitro. “Seguimos haciendo un trabajo con todos ellos pero, claro, el acuerdo debe alcanzarse entre la patronal y los sindicatos. Nosotros no tenemos la posibilidad de suplantar a ninguno de los dos. Es a ellos a los que les corresponde, verdaderamente, hablar y lograr acuerdos”, llegó a la conclusión.

Llamamiento de Kristau EskolaPor su parte, la patronal mayoritaria en el área emitió ayer un aviso en el que además emplazó al Gobierno Vasco a accionar desde “la compromiso que tiene con el área concertado como garante de todo el sistema educativo vasco”. El director general de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, logró este llamamiento luego de que los sindicatos anunciaran el viernes pasado la convocatoria de otros diez días de paro en la lección concertada delegados entre los meses de marzo, abril y mayo. La patronal pidió que “la acción sindical sea desde la responsabilidad” y avisó de que “la amenaza y la coacción son pésimos elementos para una negociación y para llegar a un acuerdo”.

Kristau Eskola se dirigió a los padres de todos sus estudiantes para decirles que “está realizando todo lo que puede para llegar a un convenio y de esta forma solucionar este conflicto que es malo para todos”. “Por nuestra parte no hay inmovilismo, ni irresponsabilidad como expresan los sindicatos. Seguimos viviendo esta circunstancia con enorme preocupación. Es poco responsable llevar la conflictividad a las salas con el motivo de que las reivindicaciones son para prestar una educación de más calidad”, recalcó.

Diez días de huelga. El nuevo calendario de paros otorga continuidad a las catorce jornadas de huelga convocadas este curso y a las tres promovidas el pasado en los 215 colegios damnificados, en los que trabajan cerca de 9.000 personas y estudian bastante más de 100.000 estudiantes. Los cinco sindicatos han acordado que va a existir paros en tres tandas diferentes: entre el 12 y el 15 de marzo, entre el 1 y el 4 de abril y los días 8 y 9 de mayo, siempre que no se alcance antes un convenio.